Entrevista Diego Chaves, Proceso de Desmovilización de AUC

Por: Andrés Gómez, Laura Medina y Sonia Monroy

Una de las cosas que caracteriza al gobierno de Álvaro Uribe Vélez es que llevó a cabo un proceso de desmovilización masiva de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo que a mediados de la primera década del siglo XXI hacía presencia en gran parte del territorio nacional y que además había corrompido y deteriorado la democracia y las instituciones colombianas al máximo, perpetuando masacres y amenazas a la población civil, a líderes sindicales, políticos de izquierda, entre otros. El proceso de desmovilización contó con un marco jurídico bastante cuestionado por el grado de impunidad entregado a estos actores armados. A partir de este proceso, surgieron las denominadas bandas criminales, quienes ahora representan una amenaza para la seguridad nacional y quienes se han apropiado de gran parte de los territorios donde alguna vez operaron las AUC.

Debido a las controversias generadas por la desmovilización de las AUC y el surgimiento de un nuevo grupo neo-paramilitar, consideramos valioso consultar con un experto en el tema para que aclare una serie de preguntas sobre aspectos como la historia del paramilitarismo, la coyuntura en la que se dio este proceso de desmovilización, las repercusiones que tuvo a futuro, entre otros temas. La persona que entrevistamos es Diego Chaves, Politólogo e Internacionalista de la Pontificia Universidad Javeriana. Él se desempeña como Asesor en Justicia Transicional para las Naciones Unidas, y actualmente está trabajando en la implementación de la Ley de Víctimas en la región del caribe colombiano. Tanto su trayectoria académica como su experiencia laboral, en especial en regiones como el pacífico y el caribe colombiano, le ha permitido conocer de primera mano la historia y el desarrollo del paramilitarismo en el país. Ha tenido la oportunidad de interactuar directamente con víctimas de esta época oscura del país, por lo que ha podido conocer algunos mecanismos internos del funcionamiento de un proyecto paramilitar como el de las AUC. Sus aportes son valiosos en el sentido en que Chaves no sólo puede ayudarnos a comprender cómo fue el proceso de la Ley de Justicia y Paz, sino que está en la capacidad de plasmar la lógica a la que respondieron los diferentes actores en las diferentes coyunturas que se presentaron en los últimos treinta años en el país.

Diego Chaves nos concedió la entrevista en medio de una serie de problemas logísticos de fuerza mayor. Él actualmente reside en la ciudad de Valledupar, debido a que constantemente debe estar visitando poblaciones en el departamento del Cesar. Inicialmente, esta entrevista se planeó para la Semana Santa de este año, momento en el que él estaría en Bogotá. Lamentablemente, durante esos días unos investigadores bajo su dirección recibieron amenazas por parte de una banda criminal, y a la vez otro grupo de investigadores se vieron atrapados en el fuego cruzado de una célula guerrillera y el ejército nacional. Por estos motivos, Diego se vio obligado a regresar a Valledupar para hacerse cargo de la situación. Luego de este percance, la entrevista fue reprogramada para el domingo 7 de abril en su apartamento en el norte de Bogotá. Nos atendió a las 10 de la mañana en su estudio, repleto de libros sobre el paramilitarismo en el país, de manera muy gentil y atenta. A continuación presentamos una transcripción de la entrevista.

 

Entrevistadores: ¿En qué condiciones se encontraba el país en el momento de la masiva desmovilización del grupo paramilitar AUC?

Diego Chaves: En el 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez buscó implementar un marco jurídico en el que los paramilitares pudieran desmovilizarse por medio de un proceso en el que entregaran las armas y cumplieran una serie de requisitos frente al Estado y la sociedad civil. En el 2003 se firma un acuerdo entre el gobierno y las AUC para el cese de operaciones militares por parte de este grupo. El gobierno, en aquel momento, buscó generar un proyecto de alternatividad penal en el que se beneficiaba a los miembros paramilitares si cooperaban con la justicia y confesaban los actos criminales perpetuados por ellos. Esta ley generó un debate importante a nivel nacional e internacional, y finalmente fue tumbado luego de recibir varias críticas por distintos sectores de la sociedad. Entre el 2005 y el 2006 se presenta la ley que impone el marco jurídico para los paramilitares que participaron en el proceso de desmovilización, conocida como la Ley de Justicia y Paz.

Antes que nada hay que recordar un poco cómo surge este grupo, el cual inicialmente surgió como un mecanismo para combatir a las guerrillas. En la década de los 70, las FARC secuestra y asesina al padre de los hermanos Castaño, los cuales pagaron su rescate en dos ocasiones. A partir de este suceso, ocurre un proceso de movilización de ganaderos para combatir a estas guerrillas en el territorio de Córdoba y Urabá. Un punto inicial es cuando ocurrió la masacre de Segovia en 1984, en la cual los paramilitares incursionaron en la población y mataron a más de treinta personas. Esto da inicio a un movimiento paramilitar en un momento donde la guerrilla era la única representante en la zona de un cuasi-Estado. Estos grupos empiezan a saquear a las guerrillas y a apropiarse de las tierras. En aquel momento, en la zona existía un proceso de desvalorización de las tierras, el cual se reversa con la presencia paramilitar. Para mantener estos territorios, este grupo desarrolló mecanismos de estigmatización de la sociedad civil, como en el caso de Segovia, en los cuales se asociaba a los campesinos con las guerrillas y esto permitía llevar a cabo todo tipo de masacres.

En la década de los noventa se lleva a cabo un proceso de territorialización masiva del paramilitarismo. Los Castaño empiezan a vender franquicias en las cuales por 25 millones de pesos por cada soldado vendían una franquicia a los ganaderos para que se protegieran. Durante esta época existían los grandes capos como Pablo Escobar o Gonzalo Rodríguez Gacha, y posteriormente pequeños grupos narcotraficantes que buscaron apropiarse de las rutas y del negocio. Ahí es cuando ocurre un punto donde el narcotráfico y el proyecto paramilitar se juntan.

Ya en el 2002, luego de la territorialización paramilitar, este grupo busca ganar espacios políticos. Los paramilitares empiezan a articular una lógica en la cual se decía que sólo ciertos alcaldes se podían lanzar, sólo se podía votar por ciertos candidatos, etc.  Esto se traduce a su vez en una generalización de la violencia. Por ejemplo, en 1999 sólo había ocurrido seis masacres por grupos paramilitares; y en 2002, antes de las elecciones, este número había aumentado a 106 masacres. En Urabá se presentan 400 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo cual es una de las cifras más escandalosas que ha tenido el mundo en términos de violación a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

E: Usted menciona que los paramilitares incursionaron en la política ¿Por qué el paramilitarismo logró penetrar de una manera tan contundente la política de nuestro país hasta el punto de llegar a crear un fenómeno como el de la parapolítica? 

DC: El paramilitarismo logra penetrar de una manera muy contundente la política ya que cuando los paramilitares, luego de tener presencia en aproximadamente el 80% del territorio nacional, buscaron legitimar su proyecto en un espacio político. Ya en el 2002, ellos dijeron cuáles eran los políticos que podían lanzarse y cuáles los que no. La muerte fue una amenaza para aquellas personas que desobedecieran a estas órdenes. Muchos congresistas vieron en este espacio la posibilidad de lanzarse al Congreso y obtener una victoria segura al recibir grandes cantidades de dinero por parte de los paramilitares, muchas veces proveniente del narcotráfico.

La lógica en esta ocasión fue utilizar a los segmentos paramilitares conocidos como las “Caras Tapadas” para entrar a las poblaciones y cometer atrocidades para asustar a la población y de esta manera controlarla. Entre estas atrocidades podía estar cortarle el brazo a un tipo y jugar beisbol con éste hasta que el hombre se desangrara, o ahorcar líderes comunitarios de izquierda y dejarlos colgados durante días. De esta forma, ejercían el poder y la influencia para captar espacios políticos grandes, como se evidenció en el proceso de la parapolítica unos años después.

E: También tocó el tema de las drogas y de los grandes capos del país, ¿Qué tanta influencia tuvo el narcotráfico en la creación, duración e influencia del paramilitarismo en nuestro país?

DC: De la influencia que tuvo el narcotráfico en la creación, duración e influencia del paramilitarismo en nuestro país, podemos decir que en los momentos de la génesis paramilitar, la influencia del narcotráfico no es una influencia muy visible. En ese sentido los hermanos Fidel y Carlos Castaño querían cobrar una venganza por el asesinato de su padre perpetrado por la guerrilla, sin perseguir otros fines como el tráfico de drogas. Esto no quiere decir que no haya habido una influencia del narcotráfico para su funcionamiento. Durante los 80 y 90 hubo una fuerte participación y colaboración entre Pablo Escobar y los paramilitares, Pablo Escobar había fundado el MAS, muerte a secuestradores, y aquí había un objetivo común y era acabar con la guerrilla independientemente de cuales eran los intereses de un grupo u otro. En una entrevista que le hacen a Castaño en el año 2001 si mal no recuerdo, en el programa de La Noche con Claudia Gurissati, él dice: “cualquier enemigo de tu enemigo es tu amigo”, era un poco manejar esa lógica. De alguna manera se ven asociados cada uno de los intereses particulares y esos mismos reflejados en los intereses del otro. Esto no quiere decir que el narcotráfico fuera uno de los mecanismos logísticos en el proceso de creación paramilitar. Luego de la muerte de Fidel, Carlos castaño intenta mantener la estructura paramilitar y mostrar que hay mucha fortaleza independientemente de la muerte de su líder natural por así decirlo. Empiezan a crear muchos grupos en todo el territorio, incluso con la cooperación del gobierno nacional. Se crean entonces, franquicias a los largo y ancho de todo el país. Las personas que empiezan a captar estas franquicias, a comprar soldados, armamento y todos los servicios que ofrecía el grupo paramilitar, eran básicamente narcotraficantes de las diferentes zonas, que a través de un corredor que querían montar desde todo el Magdalena hasta Córdoba y Urabá para poder sacar la pasta de coca ya refinada o para su refinación, empezaron a comprar y a dotarse de estos ejércitos para su propia protección. Y es aquí donde se da el inicio de ese paramilitarismo asociativo a los procesos de narcotráfico de manera masificada y regularizada por todo el país. Aquí hay una cosa interesante y es que hay un punto de inflexión, cuando Carlos Castaño empieza el proceso de negociación, se aleja mucho del tema del narcotráfico, se casa con una persona y a raíz de eso empieza a decir “tenemos que desmovilizarnos”, empieza incluso un proceso de desmovilización a través de la administración de Álvaro Uribe y aquí de alguna manera se divide el paramilitarismo. Durante los procesos de negociación con los paramilitares, algunos narcotraficantes quisieron participar para adquirir beneficios judiciales y quedar en la impunidad. También hay un punto de quiebre muy fuerte, donde la lógica paramilitar se divide, y se da una disputa dentro de la organización sobre si incursionar o no en el narcotráfico y cómo éste influía dentro de la organización del paramilitarismo.

 

E: ¿Cree que el paramilitarismo en Colombia puede ser considerado como un movimiento ideológico con un discurso político definido?

 

DC: En términos ideológicos hay muchas cosas que se pueden decir. Una de ellas es por ejemplo pensar en el modelo de país que se estaba teniendo en ese momento a partir también de un modelo global, de lo que se estaba viviendo en otra partes del mundo. Había en ese mundo de realismo dos ideologías muy fuertes enfrentadas, Estados Unidos con un proceso ideológico muy fuerte, y en Rusia otro, donde se enfrentaba la derecha vs la izquierda, ahí se puede ver como se cuela dentro de la lógica paramilitar unos modelos ideológicos muy fuertes. Los paramilitares hacen referencia al fenómeno histórico relacionado con el accionar de grupos armados ilegales de extrema derecha, organizados a partir de la década de los 70, con el fin de combatir grupos armados de extrema izquierda como la guerrilla colombiana. Estos grupos también denominados autodefensas se extienden por diferentes regiones del territorio con la participación de ricos hacendados, colonos, de pequeños industriales, y a partir de ese proceso podría decirse que tienen una ideología que esta basada en ese mundo que se da posterior a la Segunda Guerra Mundial donde entra un proceso muy fuerte a nivel mundial que son las dinámicas de la Guerra Fría. Posterior a la década de los 90, cabe decir, sin embargo, las fuerzas paramilitares que integraron esa entidad mayor llamada las Autodefensa Unidas de Colombia empezaron a responder a otra lógica operacional que se alejaba de la estructura ideológica original.

 

Los procesos y movimientos ideológicos también a veces desembocan en cosas que son perversas en términos de violaciones del Derecho Internacional Humanitario. En este caso con las múltiples masacres, violaciones, torturas, reclutamiento forzado de menores de edad, entre otras, que pueden pensarse como dinámicas donde también se rompe con esos procesos ideológicos de combatir directamente a un grupo cuya ideología es lo opuesto precisamente. Ya cuando se empieza a tocar a la población civil, a estigmatizarla, ya de alguna manera se empieza a desboronar la ideología por parte de la lógica paramilitar.

E: ¿Cómo fue el proceso de la creación y el trámite legislativo de la Ley de Justicia y Paz? ¿Qué inconsistencias se encontraron en el proceso de desmovilización de las AUC, y cuales han sido sus repercusiones en la actualidad?

DC: El trámite legislativo de la llamada Ley de Justicia y Paz ó Ley 975 de 2005 es un marco jurídico promovido en un escenario de justicia transicional por la administración del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, posteriormente aprobada por el Congreso de la República bajo el elemento legal correspondiente.

Su fin, iniciar un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia, aunque vale la pena decir que la ley no se acotaría en los acuerdos de desmovilización con las AUC, sino que eventualmente «se pretendía» utilizar en otros procesos de desmovilización de grupos guerrilleros como las FARC o el ELN.

Todo inicia por iniciativa de Carlos Castaño, que luego de estrenar esposa en el 2003 le anuncia al país su cese al fuego y empieza a negociar con el gobierno las condiciones para desmovilizar a sus tropas; el proceso arranca con una reunión en privado entre el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo con la plana mayor de ese grupo armado en Córdoba.

Hay varias cosas para decir del proceso:

1.         La idea de desmovilización arranca en el 2002

2.         En el año 2003, las AUC firman un primer acuerdo y empieza una desmovilización de 30000 paramilitares. En este año se destaca el cese de operaciones y entrega de algunos comandantes. Vale la pena decir, de toda maneras, en este escenario se exacerban las masacres cometidas en contra de la oblación civil. Se pasa de tener 6 masacres anuales 1999-2001 a 160 masacres anuales entre el 2002 y 2006.

3.         En ese mismo año (2003) se presenta un primer intento de proyecto de ley que rápidamente es derrumbado, ya que se dejaba de lado el rol de las víctimas y se centraba únicamente en la desmovilización de los paras.

4.         En el 2005 la administración de Uribe adopta un nuevo marco legislativo que permite la persecución y sentencia de miembros de grupos armados ilegales que se hubiesen acogido a los procesos de desmovilización, al tiempo que una indemnización por vía administrativa. Este marco legislativo es lo que se conoce como la Ley 975 de 2005 o la Ley de Justicia y Paz.

E: ¿Qué críticas recibió este proceso?

DC: La principal crítica que tuvo la ley de justicia y paz en sus primeros años tuvo que ver con el hecho de que la verdad seguía sin conocerse en la gran mayoría de los casos. Existían muchas dudas en torno a cómo se llevaron a cabo las reparaciones por vía administrativa.

Según Michael Früling, Vocero de la ONU, esto se debía sobre todo al modo como se había aplicado la ley, así como a culturas y prácticas institucionales frente a las cuales era preciso tomar correctivos, con el fin de rescatar el sentido estratégico del proceso, en particular, y de la justicia transicional en Colombia, en general. Recuerdo bien que se decía, en el marco de la comunidad internacional, que la realización de una confesión total no fuera un requisito del proceso, sino que solo se diera una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, se convertía un saludo a la bandera, que generaba un hecho impune respecto al rol de la desmovilización paramilitar en el escenario reparador que se le buscaba dar a las víctimas. Recuerdo bien en el momento de mi disertación: asistí a un juzgado de Paloquemado para ver cómo una víctima que le preguntaba al paramilitar que dónde había dejado la cabeza de su esposo, que a causa de una motosierra le había dado fin a la vida. Que sólo había aparecido el cuerpo de él. El paramilitar dijo que al respecto no iba a hablar, que lo único que admitía en el marco de esa sala de juzgado era el haber participado de esa masacre. En suma, la condena de aquél paramilitar –como el de muchos otros- era el de 5 años, dejando el sentido reparador de la justicia transicional desdeñado.

La inexistencia de un sistema adecuado y de una institucionalidad suficiente para vigilar el cumplimiento de las condiciones legales a que se comprometen los condenados para gozar de los beneficios, augura décadas de procesos penales de justicia y paz con resultados inciertos y muy probable alto grado de impunidad. La histórica debilidad del aparato de justicia garantiza su incapacidad para siquiera tramitar los casos de los 4.000 postulados, mucho menos para procesar a los más de 27.000 paramilitares que permanecen en el limbo y responsabilizarlos de los delitos cometidos o para controlar el cumplimiento de la reparación integral a las víctimas. Todo apunta a un fracaso costoso, encubierto bajo la parafernalia de millonarias indemnizaciones del Estado, bajo las fábulas gubernamentales sobre lo inédito del proceso y bajo el escamoteo de las verdaderas responsabilidades penales de militares, hacendados, industriales y políticos.

E: ¿Para qué sirvió la acción del gobierno de Uribe al extraditar a las principales cabecillas de las AUC?

DC: La respuesta quizá tiene que ver más a la coyuntura en que estas extradiciones se dieron. En aquel momento la Corte Constitucional cuestionó la constitucionalidad misma de la Ley de Justicia y Paz. En el momento de la disputa entre el gobierno y las altas cortes por la legitimidad de esta ley, incluso con la comunidad internacional también interviniendo fuertemente en contra de ésta, se generó una presión frente al gobierno nacional sobre cómo debía llevarse el proceso y cuáles debían ser los correctivos que debían llevarse a cabo para que la Ley de Justicia y Paz tuviera cabida en el marco del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Por lo tanto en una madrugada del 2008 se despierta Colombia con la noticia de que el gobierno ha decidido extraditar a más de una decena de líderes paramilitares. Esta noticia generó sorpresa pero a la vez respondía a una lógica en la cual el gobierno buscaba una clase de alivio frente a la crítica de las cortes y a la presión de los organismos internacionales.

E: ¿Qué tan efectivo fue el proceso de desmovilización de los frentes paramilitares para retirar del escenario de guerra a un actor armado ilegal?

DC: Hablar de la efectividad de este proceso es complicado porque ocurrió un rearme  y una conformación de algunos de estos grupos paramilitares después del 2006. La OEA, para entonces, anunció esto y dijo que esta reestructuración se dio debido a la oportunidad de lucrarse con el narcotráfico. Estas agrupaciones nuevamente se extendieron por todo el país y las nuevas organizaciones se fragmentaron y atomizaron a lo largo de aproximadamente diecisiete departamentos del país. El despelote que hubo dentro del Estado a la hora de llevar a cabo el proceso, como la falta de institucionalidad para llevar a cabo las investigaciones, generó una debilidad muy fuerte que se tradujo en una incapacidad para tramitar los procesos de impunidad. Al quedar en este limbo jurídico, varias personas optaron por rearmarse y seguir cometiendo atrocidades. Estos grupos son mal nominados como bandas criminales, y digo que mal debido a que siguen teniendo el control de las rutas de la muerte y las rutas del narcotráfico y aún funcionan con la lógica de los grupos paramilitares. Incluso, hoy en día amenazan a las víctimas del paramilitarismo y a los testigos de los procesos en Justicia y Paz.

E: ¿Por qué nacen las BACRIM o también llamadas: “tercera generación de paramilitarismo”, y en qué se parecen y se diferencian a los grupos paramilitares de los años 90s. ?

DC: Las BACRIM surgen como un híbrido entre mafias y bandas de delincuencia común que están más relacionadas con el proceso del narcotráfico que con el paramilitarismo de los años ochenta. Éstas nacen como la falta de capacidad estatal para llevar a cabo un proceso de desmovilización en términos de justicia y paz y como la necesidad de los criminales de ejercer presión sobre políticos y de mantener en operación los negocios ilícitos a los que se dedican. Incluso mantienen prácticas similares a las de los paramilitares, como el reclutamiento de menores de manera indiscriminada para mantener personal que lleve a cabo acciones delictivas. Frente a una situación laboral y económica tan primitiva como la que tiene el país, sobre todo en los espacios rurales, grupos como las Águilas Negras, los Rastrojos o los Urabeños han encontrado el espacio para llevar a cabo estas prácticas. Otras prácticas muy comunes son las que hacen parte de todo el tema de las extorsiones y de los atentados.

E: Ya ha pasado una década desde que el proceso empezó, ¿qué reflexiones tiene sobre el proceso y su resultado?

DC: Hay que resaltar que la Ley de Justicia y Paz fue una ley más que todo para definir una situación penal, y por lo tanto no entró a tocar temas como la justicia y la reparación de las víctimas. Si bien había un pequeño elemento de reparación con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la verdad de lo sucedido sigue sin conocerse en la mayoría de los casos. Existen muchas dudas en torno a cómo debe llevarse a cabo la reparación por la vía administrativa. La víctima simplemente iba a escuchar las versiones de los paramilitares en una serie de audiencias y se le entregaba un cheque por una cantidad determinada de dinero. En teoría, con esto la víctima quedaba entre comillas “reparada”. Todo este proceso de reparación no fue claro ni eficiente en la Ley de Justicia y Paz, y es por esto que creo que este es uno de los temas más criticados de la ley. Es por esto que con el gobierno de Juan Manuel Santos se ha tratado de implementar un marco en el que se busca abrir un espacio importante al tema de víctimas.  A su vez se critica el proceso de desmovilización por todas las razones que ya he mencionado a lo largo de la entrevista. La Ley de Justicia y Paz se quedó muy por el lado de los victimarios y terminó dándoles impunidad al haber dejado los relatos abiertos, y no ahondaron en las esperanzas que tenía la sociedad civil.

E: ¿Qué desafíos debe enfrentar Colombia con respecto a lo que queda por hacer dentro de este proceso?

DC: A modo de conclusión , el desafío en el que se encuentra en este momento enmarcado el país tiene que ver con que Colombia necesita lograr avances tangibles e inmediatos en el juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes sistemáticos que se han cometido. Tiene que ejecutar adecuadamente la ley 1448 de 2011 o la ley de víctimas lo cual implica ante todo reparar y restituir las tierras a cientos de miles de víctimas del conflicto armado. Recordemos rápidamente que 5 millones de hectáreas fueron despojadas por los paramilitares, y hasta el momento solo 5,000 hectáreas se han restituido. También es muy importante construir la verdad y la memoria histórica a partir de los múltiples relatos posibles que pueda haber, y de los múltiples espacios dentro de esos relatos que se tengan que dar. Recuperar una confianza entre la ciudadanía y el estado y en sus instituciones. Por ejemplo, una de las grandes trabas en el proceso de reparación es que las víctimas no le creen al Estado, y tienen todo el derecho para no hacerlo. Pues durante años el estado permitió que se cometieran miles de atrocidades dentro del territorio nacional, dentro de una supuesta soberanía colombiana. Finalmente renovar una ética social centrada en el respeto de los Derechos Humanos y en el reconocimiento de la dignidad de otro.